La redacción
En Tamaulipas, la violencia lo envuelve todo. El terror paraliza lo mismo a las autoridades que a los empresarios, la clase política, la ciudadanía toda. Hoy, la gente evita salir a la calle por temor a toparse con una balacera entre los sicarios del cártel del Golfo y sus rivales: Los Zetas, que mantienen a la entidad al borde del colapso.
REYNOSA, TAMPS., 4 de septiembre (Proceso).- La noticia en torno a la matanza de 72 migrantes centro y sudamericanos en un rancho del municipio de San Fernando, que comenzó a difundirse el martes 24, sorprendió al mundo, pero no a los tamaulipecos. Los lugareños comentan que aun cuando este caso salió a luz pública no es ni el 10% de lo que sucede en la entidad y que las autoridades suelen ocultar.
Diversas fuentes –políticas, sociales y de la administración pública– que optaron por el anonimato coinciden en señalar que ya transcurrieron siete meses desde que el cártel del Golfo (CDG), en alianza con La Familia michoacana y con el cártel de Sinaloa, declaró la guerra a sus antiguos aliados: Los Zetas. Desde entonces el terror alcanza ya a todos los sectores sociales y a la mayoría de los municipios de esta entidad.
En Tamaulipas sólo la discreción salva la vida. De algún modo todos, periodistas, políticos, funcionarios, ciudadanos comunes, recurren a diluirse en la inexistencia formal. Uno de los políticos consultados dice a Proceso: “Si antes era peligroso hablar, ahora es imposible hacerlo; te juegas la vida en ello. Ahora todos hemos sido víctimas de la violencia o tenemos un amigo, un familiar o un vecino que la ha padecido. La mayoría de las veces asumen su situación en silencio, porque ni siquiera existe la posibilidad de que acudas a denunciar. Le temes por igual a los policías y a los narcos”.
En esta ciudad las balaceras y los narcobloqueos son cotidianos. Las escaramuzas entre ambos grupos delincuenciales, con participación del Ejército y la Marina, se desatan en los lugares más céntricos y en horas hábiles. También ya son parte de la cotidianidad las ejecuciones masivas, las fugas de presos y los ataques a las sedes policiacas o a los medios de comunicación. Lo reciente, la novedad, es el terrorismo; por el momento, a través de coches-bomba.
Entre el 27 y 29 de agosto, los grupos delictivos perpetraron siete ataques con explosivos: dos con coche-bomba en las instalaciones de Televisa y en la delegación de tránsito de Ciudad Victoria, tres con bombas en lugares públicos cercanos al puente Internacional de Reynosa, uno más frente a las oficinas de la policía en Tampico, y otro con granadas en la base de la Naval en Matamoros.
La guerra entre Los Zetas y el cártel del Golfo comienza a desgastar a los contendientes. Ambos requieren cada vez de más dinero, alimentos, vehículos y combustible para resistir. Las bajas son numerosas y cada bando necesita nuevos elementos para sustituir a los caídos y reposicionarse. Lo preocupante, dicen los entrevistados, es que son los ciudadanos quienes pagan las consecuencias. Y recalcan: “Esto está ya fuera de control”.
Extracto del reportaje que se publica en la edición 1766 de la revista Proceso, ya en circulación.
REYNOSA, TAMPS., 4 de septiembre (Proceso).- La noticia en torno a la matanza de 72 migrantes centro y sudamericanos en un rancho del municipio de San Fernando, que comenzó a difundirse el martes 24, sorprendió al mundo, pero no a los tamaulipecos. Los lugareños comentan que aun cuando este caso salió a luz pública no es ni el 10% de lo que sucede en la entidad y que las autoridades suelen ocultar.
Diversas fuentes –políticas, sociales y de la administración pública– que optaron por el anonimato coinciden en señalar que ya transcurrieron siete meses desde que el cártel del Golfo (CDG), en alianza con La Familia michoacana y con el cártel de Sinaloa, declaró la guerra a sus antiguos aliados: Los Zetas. Desde entonces el terror alcanza ya a todos los sectores sociales y a la mayoría de los municipios de esta entidad.
En Tamaulipas sólo la discreción salva la vida. De algún modo todos, periodistas, políticos, funcionarios, ciudadanos comunes, recurren a diluirse en la inexistencia formal. Uno de los políticos consultados dice a Proceso: “Si antes era peligroso hablar, ahora es imposible hacerlo; te juegas la vida en ello. Ahora todos hemos sido víctimas de la violencia o tenemos un amigo, un familiar o un vecino que la ha padecido. La mayoría de las veces asumen su situación en silencio, porque ni siquiera existe la posibilidad de que acudas a denunciar. Le temes por igual a los policías y a los narcos”.
En esta ciudad las balaceras y los narcobloqueos son cotidianos. Las escaramuzas entre ambos grupos delincuenciales, con participación del Ejército y la Marina, se desatan en los lugares más céntricos y en horas hábiles. También ya son parte de la cotidianidad las ejecuciones masivas, las fugas de presos y los ataques a las sedes policiacas o a los medios de comunicación. Lo reciente, la novedad, es el terrorismo; por el momento, a través de coches-bomba.
Entre el 27 y 29 de agosto, los grupos delictivos perpetraron siete ataques con explosivos: dos con coche-bomba en las instalaciones de Televisa y en la delegación de tránsito de Ciudad Victoria, tres con bombas en lugares públicos cercanos al puente Internacional de Reynosa, uno más frente a las oficinas de la policía en Tampico, y otro con granadas en la base de la Naval en Matamoros.
La guerra entre Los Zetas y el cártel del Golfo comienza a desgastar a los contendientes. Ambos requieren cada vez de más dinero, alimentos, vehículos y combustible para resistir. Las bajas son numerosas y cada bando necesita nuevos elementos para sustituir a los caídos y reposicionarse. Lo preocupante, dicen los entrevistados, es que son los ciudadanos quienes pagan las consecuencias. Y recalcan: “Esto está ya fuera de control”.
Extracto del reportaje que se publica en la edición 1766 de la revista Proceso, ya en circulación.
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