En Tamaulipas los muertos son invisibles, comentan los reporteros de la entidad, muchos de los cuales han tenido que huir a Estados Unidos. Una periodista de Matamoros resume la situación: “No podemos dar datos concisos en una nota, nombrar a ninguno de los cárteles, ni ampliarnos en la información ni mencionar la violencia”. La ley que impusieron los grupos criminales es la del silencio.
LAREDO, TEXAS, 13 de diciembre (Proceso).- Los testimonios que traspasan el muro de silencio erigido al otro lado de esta frontera hacen pensar que acaso Tamaulipas supera a Chihuahua en número de muertos.
Los reporteros tamaulipecos hablan en voz baja de días de enfrentamientos con hasta 200 muertos. De tramos carreteros con paisajes de cadáveres de adolescentes, casi niños, esparcidos por varios metros. De cuerpos que ya no pasan por los semefos, las funerarias o los cementerios y van directo a fosas que albergan entierros múltiples. De rastros de sangre en las calles como únicas evidencias de los asesinatos que escapan a las estadísticas fúnebres.
Es difícil probar sus dichos. A diferencia de ciudades como Juárez, en las de Tamaulipas los reporteros no realizan el ejecutómetro porque el número de homicidios es desconocido. Las autoridades niegan esa información. El Centro de Estudios Fronterizos y de Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (Cefprodhac), la organización que llevaba el inventario de defunciones, dejó de hacerlo el año pasado.
“Yo anduve investigando a dónde llevaban los muertos, pero no los llevan a ninguno de los panteones; hablé con los camposanteros y dijeron que ya no los llevan ahí. Los de las funerarias que antes hablaban ya no quieren dar información. Preguntarle a los policías es como hablarle a los narcos y si saben que somos reporteros nos va peor. Desde hace dos años yo llevaba una estadística de los muertos; ya no puedo”, se lamenta un reportero hispano que omite su nombre por seguridad, pues aunque trabaja para un periódico texano dice que está amenazado como sus colegas mexicanos. Incluso, tiene su testamento hecho.
Tamaulipas es lo más parecido a una dictadura criminal, con zonas controladas por el cártel del Golfo y otras por Los Zetas que a partir de febrero se disputan el estado. Desde hace una década esa entidad es una zona de silencio; tienen en nómina a empresarios, gobernadores, periodistas, alcaldes, policías y un ejército de informantes; poseen campos de entrenamiento para nuevos sicarios y a los medios locales de comunicación bajo censura.
¿Qué se necesita para imponer silencio? El finado periodista polaco Ryzsard Kapuscinski escribió al respecto: “El silencio tiene sus leyes y sus exigencias. El silencio exige que los campos de concentración se levanten en lugares apartados. El silencio precisa de un aparato policial gigantesco. Necesita ejércitos de delatores. El silencio exige que sus enemigos desaparezcan de repente y sin dejar rastro. No le gusta que ninguna voz, ya de queja, ya de protesta, ya de indignación, turbe su paz y tranquilidad. Allí donde tal voz se deja oír, el silencio golpea con toda su fuerza y restablece el estado anterior, es decir, el estado ideal de silencio”.
Tamaulipas no está alejado de esa descripción que obliga a callar hasta a los medios ubicados del lado estadunidense del río Bravo.
Los editores de diarios texanos, como el San Antonio Express-News o el Laredo Morning Times, han mandado a sus reporteros al lado mexicano a documentar información tan básica como el número de muertos después de los más feroces enfrentamientos entre bandas criminales o de éstos contra las fuerzas federales; pero desde hace dos años no consiguen cifras confiables.
“El día después de la balacera de Matamoros (en la que murió Ezequiel Cárdenas Guillén, El Tony Tormenta), el gobierno reportaba 10 muertos, los medios de la frontera de 40 a 50 y fuentes oficiales de Estados Unidos nos decían que eran como 100. Tuvimos que escribir una nota diciendo que fueron un mínimo de 10 y un máximo de 100. En los diarios de Estados Unidos es impensable dar cifras tan vagas, tan imprecisas, pero nos orillaron a eso”, se queja Nora López, editora del San Antonio Express-News.
La reportera Lynn Brezosky, de ese mismo diario, por esas fechas fue enviada a Matamoros para indagar el número de muertos tras esa violenta refriega que obligó a los habitantes de pueblos como Ciudad Mier a exiliarse. Ella entró un par de horas, a contrarreloj, a sabiendas de que no puede preguntar mucho ni llamar la atención, de que debe permanecer pocas horas y cruzar la frontera antes del atardecer.
“La gente dijo que había pasado el día en su oficina o en sus casas encerrados, sin luz, sin teléfono, y que se asomaron a las calles hasta el día siguiente, pero nadie supo precisar cuántos murieron y si lo saben no lo dicen. No vimos cuerpos en las calles. Imagino que los levantan y llevan a algún lado, pero nosotros no podemos quedarnos mucho tiempo para investigar”, explica vía telefónica.
Estado-cártel
En Tamaulipas es más lo que se calla que lo que se publica. La mayoría de la prensa local está amordazada. Los reporteros de medios nacionales o extranjeros que quieren investigar en la zona deben planear previamente su ingreso con una operación logística, aunque eso tampoco es garantía de salir bien librado. Varios reporteros fuereños han sido tomados como rehenes por los criminales, golpeados por varias horas y expulsados con la advertencia de que la siguiente intromisión la pagarán con su vida.
Un reportero tamaulipeco cuenta una anécdota: su cuñado renunció al departamento de policía municipal de Nuevo Laredo, traumado y harto porque fue enviado a levantar cuerpos “de niños muertos, con camisetas con zetas”, y aventarlos a hoyos en la tierra como si fueran perros.
Hasta los periodistas fronterizos más experimentados sienten que entrar a Tamaulipas es pararse en arenas movedizas, como admite Alfredo Corchado, el veterano corresponsal de The Dallas Morning News que en febrero –cuando comenzó la guerra entre Los Zetas y el cártel del Golfo– logró entrar un par de horas a reportear a Reynosa e informó al mundo que decenas de personas habían muerto las semanas previas y que ocho periodistas estaban desaparecidos.
“Hay regiones donde el silencio domina, donde el miedo se siente y se ve entre la gente. Y eso lo vi en Reynosa, me impresionó mucho. El crimen organizado en esa región se ha impuesto como gobierno paralelo que domina hasta la prensa. Ahí sientes la impotencia de la gente, del gobierno”, dice a Proceso el periodista recién galardonado en Estados Unidos por su valiente cobertura.
Aunque desde 2007 Juárez es considerada la ciudad más peligrosa de México –y, según algunos cálculos, del mundo entero–, la mayoría de los corresponsales siente en la frontera chihuahuense más seguridad que en la tamaulipeca.
“Ciudad Juárez es demasiado grande, es difícil domar esa ciudad y el periodista tiene ahí más espacio. Irónicamente, siento más tranquilidad en Juárez, a diferencia de Matamoros, Reynosa, Ciudad Alemán, Nuevo Laredo u otros municipios tamaulipecos donde no confío en nadie, sólo en contadas personas, y donde la dinámica de Los Zetas ha creado una realidad mucho más cruda, más brutal, más sofisticada en cuestión de guerra urbana; saben cómo controlar la información y cómo controlar, subordinar, amenazar y matar al reportero; lamentablemente, es parte de su estrategia”, dice.
Aunque Juárez es considerada a nivel internacional el epicentro de la violencia por el narcotráfico y se ha convertido en el ícono del conflicto armado, los propios reporteros juarenses quedan pasmados al escuchar los testimonios de las condiciones de trabajo de sus colegas tamaulipecos.
La reportera Sandra Rodríguez, de El Diario –premiada el mes pasado en España por su valiente cobertura junto a su colega Lucy Sosa–, considera que la gravedad de la situación en Tamaulipas reside en que es parecida a la de un Estado totalitario.
“Sabemos que hay mucha violencia porque los reporteros nos cuentan, pero no tenemos estadísticas que lo confirmen. En Juárez por lo menos el Ministerio Público tiene un protocolo que manda diariamente a los medios con los homicidios, y aun así nos hemos dado cuenta de que no reportan todos los homicidios. Pero en Tamaulipas todo es silencio, es una situación tan grave que ni siquiera la conocemos”, opina.
Censura transfronteriza
Según el periodista mexicano Jorge Luis Sierra, fundador del McAllen Times –ubicado al otro lado de la frontera tamaulipeca–, este año podrían haber muerto más personas en Tamaulipas que en Ciudad Juárez, si se considera en términos proporcionales.
“El grueso de la violencia ha ocurrido desde el aparente conflicto entre Los Zetas y el cártel del Golfo, que provocó una ola de violencia a partir de febrero. En Ciudad Juárez –donde la violencia es más antigua– los medios locales han mostrado más independencia y no han cesado de informar de la violencia, pero en Tamaulipas no es así.”
Señala que cuando el Cefprodhac de Reynosa abandonó el conteo de las muertes violentas desaparecieron las fuentes independientes que corroboran la información. Los medios fronterizos ubicados en Texas tampoco han podido evadir fácilmente la censura informativa.
“(Los medios texanos) siguen reporteando, pero ya no es tan sencillo que crucen la frontera. En los momentos de mayor violencia se abstuvieron de entrar. No había garantías para una cobertura segura, algunos periodistas estadunidenses habían sido amenazados, y para ellos era difícil pasar inadvertidos. Pero los tres diarios más importantes de ese lado de la frontera, el Brownsville Herald, el Monitor y el Laredo Morning Times, siguen buscando la noticia, tratando de construir fuentes del otro lado de la frontera y cruzando cuando pueden. El trabajo ha sido un poco más sencillo con la contratación de reporteros bilingües de origen mexicano”, explica.
Sierra señala que durante los enfrentamientos en Matamoros que culminaron con la muerte de Ezequiel Cárdenas, el Brownsville Herald manejó información de fuentes anónimas que mencionaba a decenas de muertos, porque era muy riesgoso confirmar los datos sobre el terreno; tanto que uno de sus reporteros murió baleado. El NewsChannel 5 fue obligado a sacar de la región a uno de sus reporteros porque recibió amenazas de muerte; después le tocó a un camarógrafo.
El San Antonio Express-News también se vio forzado a retirar de Nuevo Laredo a un reportero. En febrero pasado se abstuvieron de cruzar la frontera –“nuestra seguridad no estaba garantizada”, explica Nora López– por lo que tuvieron que tomar notas surgidas desde la Ciudad de México o del Houston Chronicle. El bloqueo informativo es tal que Brezosky se ha visto obligada a consignar en sus notas información tomada de blogs y twitters de ciudadanos.
“Batallamos para conseguir información básica, como el número de muertos. Antes nos daba la información la procuraduría del estado (de Tamaulipas), ahora no quieren, dicen que no saben, que tienen que esperar órdenes del DF, y el Ejército también dice que no sabe (…) Antes íbamos y veíamos cuerpos, ahora sólo los charcos de sangre, porque los narcos se llevan a los suyos y los marinos a los suyos”, dice la editora López.
La periodista considera que el desconocimiento de la realidad es muy grave, porque si no se dimensiona la gravedad de la situación tampoco habrá solidaridad entre la sociedad para organizarse.
Dictadura criminal
Heriberto Deándar, director editorial de El Mañana, el periódico líder de Tamaulipas –uno de los diarios líderes en investigación durante la década de los noventa hasta que los atentados y asesinatos a sus periodistas lo obligaron a no publicar más sobre la delincuencia–, se queja por la cerrazón gubernamental:
“Desde hace año y medio nadie sabe a ciencia cierta cuántos muertos y heridos hubo en los enfrentamientos. El Ejército no hace boletines ni ruedas de prensa, las autoridades estatales están rebasadas, la PGR envía coreos electrónicos mencionando a los detenidos en todo el país y el municipio únicamente alerta a través de Facebook y Twitter sobre la ubicación de situaciones de riesgo.”
Un reportero de un medio electrónico de Reynosa explica que los policías locales niegan información sobre los enfrentamientos porque están al servicio del narcotráfico.
“La lista de muertos que dan está muy depurada, sabemos que hay más. La gente nos dice que vieron más muertos que los reportados. Los mismos delincuentes se llevan los cuerpos en las balaceras y los desaparecen, si matan a alguno se lo llevan también si es enemigo”, asegura.
Una corresponsal de un medio nacional dice que le resulta imposible explicarle a sus jefes, basados en el Distrito Federal, que los policías no la dejan acercarse a donde hubo balaceras, que los funcionarios no proporcionan datos y que el Ministerio Público no recibe reporteros.
“Tan sólo anteayer ellos negaban que hubo muertos y yo sé que al menos una persona murió en Nuevo Laredo, porque era mi conocido. La procuraduría ya no actualiza la información en internet y no te responden ni cuando pides la información a través de la Ley de Transparencia. Ni siquiera los afectados quieren darnos datos, porque desconfían de los periodistas, piensan que estamos coludidos. Y el Ejército piensa lo mismo. A todos nos catalogan como corruptos”, lamenta.
Ella, como otros colegas suyos, asegura que todo el gremio tiene sus cuentas de internet hackeadas y sus celulares intervenidos. Varios dicen que reciben amenazas telefónicas y órdenes o advertencias directas de reporteros a sueldo de los cárteles.
“Es absurdo, a veces no quieren que publiquemos una nota que todo mundo conoce porque antes la divulgaron los twiteros. O lo peor: quieren que cubramos sus manifestaciones contra el Ejército y que las destaquemos”, dice un reportero de Matamoros.
La censura llega al colmo de que hasta los reporteros se enteran de los sucesos a través de Twitter o de Facebook. “La autoridad no informa, y nosotros, que deberíamos hacerlo, no podemos. Las radios y televisoras no te dicen dónde hay balaceras, sólo las redes sociales”.
Una reportera de Matamoros indica las reglas informativas que les han impuesto los criminales: “No podemos dar datos concisos en una nota, nombrar a ninguno de los cárteles, ni ampliarnos en la información ni mencionar la violencia (nada de la aparición de muertos en carreteras o cuerpos que traían playeras de un cártel). A lo único que pudimos darle seguimiento fue a la muerte del candidato (a gobernador Rodolfo Torre) Cantú”.
Esta reportera, como varios de sus colegas, reconoce que los ciudadanos están enojados con los periodistas, a todo momento los critican por cobardes, se sienten frustrados por la ausencia de información.
Y explica: “Yo les contesto que ni mi información ni la de otros cambiaría la situación, que entiendan nuestra posición porque no es fácil nuestra tarea, que por una nota no sólo estamos exponiéndonos nosotros, también a nuestras familias y a nuestros compañeros, al personal y a las instalaciones. La gente está frustrada pero sólo los que estamos de este lado sabemos el peso que cargamos: estamos entre la censura, el silencio y el miedo”.
Desde mediados de noviembre el Ejército puso de moda invitar a periodistas a Ciudad Mier para que constaten que los soldados recuperaron ese pueblo disputado desde hace 10 meses por zetas y golfos. Sin embargo, aunque los militares se mantienen en la zona que acapara la atención mediática a raíz del exilio de todos sus habitantes que fundaron el primer albergue para refugiados de la violencia, el resto de la entidad parece perdida para el estado. Los criminales todavía controlan la información.
Un periodista dice que es tal el dominio de los cárteles que, a veces, lo único que les queda por hacer a los medios informativos para manifestar su desacuerdo con los criminales es publicar fotos del presidente Felipe Calderón o del Ejército en la portada, notas de los discursos oficiales o información de agencias internacionales sobre los daños de las drogas. No pueden hacer más. l
