Fuente: Proceso
Luciano Campos Garza
Luciano Campos Garza
Ante la explosión de la violencia en Nuevo León, negocios de esa entidad comenzaron a bajar las cortinas y los empresarios gravitan entre emigrar a Estados Unidos o quedarse a ver su suerte. Aquellos que pueden contratan seguridad privada, y compran o rentan coches blindados. Los que no, por lo menos envían fuera del estado a su familia, como tienen que hacerlo –obligados por su gobierno- los empleados del Consulado de Estados Unidos en Monterrey.
MONTERREY, NL., 4 de septiembre (Proceso).- Mientras la creciente irrupción del crimen organizado en Nuevo León afecta drásticamente la economía estatal, integrantes del alto empresariado regiomontano observan con preocupación el cierre de negocios y la parálisis de algunas actividades comerciales en esta capital. Poco a poco, dicen, la inversión local comienza a desvanecerse, y tanto profesionistas como empresarios tienen planes de irse del país.
La situación es de tal magnitud que Lorenzo Zambrano, el más rico de todos los regiomontanos y dueño del poderoso corporativo Cementos Mexicanos (Cemex), desató una fugaz polémica al calificar de “cobardes” a quienes pretenden emigrar de la ciudad, del estado y del país, debido a la violencia.
Si el asesinato del alcalde panista de Santiago, Edelmiro Cavazos Leal, el 18 de agosto, conmocionó a la clase política del estado, los integrantes de la iniciativa privada de Monterrey se estremecieron al enterarse de que el 20 de agosto, a la 1:40 de la tarde, un comando armado se enfrentó con guardias de la empresa Fomento Económico Mexicano (Femsa) a las puertas del exclusivo Colegio Americano campus La Huasteca, en Santa Catarina.
Después de la balacera, que duró aproximadamente 20 minutos, fueron levantados seis escoltas de la empresa –perteneciente a la familia Garza Sada– que resguardaban a varios niños del clan que estudian en esa primaria. Al día siguiente reaparecieron sólo cuatro de los guardias. Los otros dos fueron asesinados.
Fuentes empresariales consultadas por Proceso señalaron que el objetivo de los secuestradores era la hija de una de las dueñas de Femsa y sobrina de José Antonio Fernández Carbajal, conocido como El Diablo, presidente del consorcio, que a su vez está casado con una de las hijas de Eugenio Garza Lagüera, el fallecido propietario de la firma cervecera.
El clan tiene bases para su temor.
Extracto del reportaje que se publica en la edición 1766 de la revista Proceso, ya en circulación.
MONTERREY, NL., 4 de septiembre (Proceso).- Mientras la creciente irrupción del crimen organizado en Nuevo León afecta drásticamente la economía estatal, integrantes del alto empresariado regiomontano observan con preocupación el cierre de negocios y la parálisis de algunas actividades comerciales en esta capital. Poco a poco, dicen, la inversión local comienza a desvanecerse, y tanto profesionistas como empresarios tienen planes de irse del país.
La situación es de tal magnitud que Lorenzo Zambrano, el más rico de todos los regiomontanos y dueño del poderoso corporativo Cementos Mexicanos (Cemex), desató una fugaz polémica al calificar de “cobardes” a quienes pretenden emigrar de la ciudad, del estado y del país, debido a la violencia.
Si el asesinato del alcalde panista de Santiago, Edelmiro Cavazos Leal, el 18 de agosto, conmocionó a la clase política del estado, los integrantes de la iniciativa privada de Monterrey se estremecieron al enterarse de que el 20 de agosto, a la 1:40 de la tarde, un comando armado se enfrentó con guardias de la empresa Fomento Económico Mexicano (Femsa) a las puertas del exclusivo Colegio Americano campus La Huasteca, en Santa Catarina.
Después de la balacera, que duró aproximadamente 20 minutos, fueron levantados seis escoltas de la empresa –perteneciente a la familia Garza Sada– que resguardaban a varios niños del clan que estudian en esa primaria. Al día siguiente reaparecieron sólo cuatro de los guardias. Los otros dos fueron asesinados.
Fuentes empresariales consultadas por Proceso señalaron que el objetivo de los secuestradores era la hija de una de las dueñas de Femsa y sobrina de José Antonio Fernández Carbajal, conocido como El Diablo, presidente del consorcio, que a su vez está casado con una de las hijas de Eugenio Garza Lagüera, el fallecido propietario de la firma cervecera.
El clan tiene bases para su temor.
Extracto del reportaje que se publica en la edición 1766 de la revista Proceso, ya en circulación.
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