José Gil Olmos
Ante el alarmante incremento de las desapariciones forzadas de civiles inocentes en todo el país, especialmente en el norte, organizaciones civiles de Coahuila, Nuevo León, Chihuahua, Baja California y Tamaulipas (con 577 casos documentados) se dieron a la tarea de exigir justicia a los gobiernos federal y estatales, así como de pugnar para que se investigue el paradero de las víctimas. Al menos en Tamaulipas, los números hablan por sí mismos: mientras que en 2007 se registraron tres desapariciones forzadas, y el doble al año siguiente, en 2009 su número se disparó a 52… Este añoya van 20.
MÉXICO, D.F., 16 de octubre (Proceso).- Durante la guerra sucia de los años setenta y ochenta hubo alrededor de 561 desaparecidos políticos, según los archivos del Comité Eureka, encabezado por la senadora Rosario Ibarra de Piedra. Hoy existe un registro extraoficial de 577 desparecidos de manera forzada en el contexto de la guerra contra el narcotráfico, pero el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios señala que el número real puede ser mayor.
La violencia no sólo ha provocado 28 mil muertes sino también la desaparición, en diversos estados del país, de centenares de civiles que no tenían vínculos con el crimen organizado. Algunas organizaciones civiles se refieren a ellos como “los desaparecidos del gobierno de Calderón”, y se han incrementado en todo el país sin que ninguna autoridad se preocupe por frenar el fenómeno.
“Es un problema social y político muy serio que pone en entredicho la obligación del Estado de garantizar la seguridad y los derechos humanos”, advierte en entrevista Blanca Martínez, quien está al frente del centro Fray Juan de Larios, con sede en Saltillo.
Entre las entidades con más víctimas de este delito está Coahuila, que junto con Durango integra la región de La Laguna, que ya se conoce como el nuevo “triángulo de las Bermudas” (Proceso 1594, 1677, 1704) porque en los últimos tres años han desaparecido ahí 86 personas sin que ninguna autoridad, incluida la Presidencia de la República, haya atendido y resuelto ni un solo caso, pese a las denuncias de familias de por lo menos siete estados.
Las desapariciones de personas sin antecedentes penales ni vínculos con el crimen organizado se han triplicado en Coahuila durante este año. En enero pasado se habían documentado 22 casos en el centro Fray Juan de Larios (Proceso 1732), pero esa cifra ya aumentó a 86, de acuerdo con la denuncia que en septiembre pasado entregó a los senadores la agrupación ciudadana Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fuundec).
Otras organizaciones detectaron casos en Nuevo León, Chihuahua, Baja California y Tamaulipas, por lo que la Fuundec ya empezó a contactarlas a fin de sistematizar la información.
Extracto del reportaje que se publica en la edición 1772 de la revista Proceso, ya en circulación.
MÉXICO, D.F., 16 de octubre (Proceso).- Durante la guerra sucia de los años setenta y ochenta hubo alrededor de 561 desaparecidos políticos, según los archivos del Comité Eureka, encabezado por la senadora Rosario Ibarra de Piedra. Hoy existe un registro extraoficial de 577 desparecidos de manera forzada en el contexto de la guerra contra el narcotráfico, pero el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios señala que el número real puede ser mayor.
La violencia no sólo ha provocado 28 mil muertes sino también la desaparición, en diversos estados del país, de centenares de civiles que no tenían vínculos con el crimen organizado. Algunas organizaciones civiles se refieren a ellos como “los desaparecidos del gobierno de Calderón”, y se han incrementado en todo el país sin que ninguna autoridad se preocupe por frenar el fenómeno.
“Es un problema social y político muy serio que pone en entredicho la obligación del Estado de garantizar la seguridad y los derechos humanos”, advierte en entrevista Blanca Martínez, quien está al frente del centro Fray Juan de Larios, con sede en Saltillo.
Entre las entidades con más víctimas de este delito está Coahuila, que junto con Durango integra la región de La Laguna, que ya se conoce como el nuevo “triángulo de las Bermudas” (Proceso 1594, 1677, 1704) porque en los últimos tres años han desaparecido ahí 86 personas sin que ninguna autoridad, incluida la Presidencia de la República, haya atendido y resuelto ni un solo caso, pese a las denuncias de familias de por lo menos siete estados.
Las desapariciones de personas sin antecedentes penales ni vínculos con el crimen organizado se han triplicado en Coahuila durante este año. En enero pasado se habían documentado 22 casos en el centro Fray Juan de Larios (Proceso 1732), pero esa cifra ya aumentó a 86, de acuerdo con la denuncia que en septiembre pasado entregó a los senadores la agrupación ciudadana Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fuundec).
Otras organizaciones detectaron casos en Nuevo León, Chihuahua, Baja California y Tamaulipas, por lo que la Fuundec ya empezó a contactarlas a fin de sistematizar la información.
Extracto del reportaje que se publica en la edición 1772 de la revista Proceso, ya en circulación.
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