Fuente: Milenio
El proyecto es analizado por el Comité de Recompensas de la dependencia federal; las acusaciones podrán realizarse vía electrónica o teléfonica y la identidad del informante quedará en estricto secreto.
Lun, 15/11/2010 - 04:57
Foto: Especial
México.- La Procuraduría General de la República (PGR) trabaja en un acuerdo que permitirá ofrecer recompensas de 25 por ciento del valor pericial de recursos, bienes o negocios que tengan su origen en operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero).
La propuesta —que se encuentra en revisión en el Comité de Recompensas de la mencionada institución— surgió a partir de las acciones que se pusieron en marcha en Ciudad Juárez, Chihuahua, para debilitar a las organizaciones criminales; sin embargo, el objetivo es hacerla extensiva a todo el territorio nacional.
Se tiene previsto que las denuncias se realicen de manera anónima, vía electrónica o telefónica, sin poner en riesgo al ciudadano que brinde información a las autoridades hacendarias y ministeriales para identificar los negocios e inmuebles de la delincuencia organizada.
A partir de esas denuncias la información será verificada por la Secretaría de Hacienda y la PGR para conocer el origen de recursos o narconegocios.
Lo anterior consta en el documento titulado “Todos somos Juárez”, en el que se hace énfasis a los avances obtenidos hasta octubre del presente año. El programa entró en operación en febrero pasado, después de la matanza de 15 jóvenes en la colonia Villas de Salvarcar, en Ciudad Juárez.
En el punto tres de los compromisos adoptados por las administraciones federal y estatal se destaca el combate del lavado de dinero para desarticular redes de financiamiento al crimen organizado a partir de denuncias ciudadana.
La meta, se indica en el documento, es articular unidades federales especializadas en el combate a ese ilícito —en coordinación con las autoridades chihuahuenses— para cortar las fuentes de financiamiento de la delincuencia, además de “desarrollar un sistema seguro de denuncia y un esquema de recompensas para que la gente ayude a identificar establecimientos” que se financian con recursos ilícitos.
En la actualidad la Policía Federal colabora con la Unidad de Inteligencia Financiera (de la Secretaría de Hacienda), la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (de PGR) y la procuraduría y SSP de Chihuahua en la integración de casos de lavado de dinero en Ciudad Juárez.
Para ello, el gobierno y la procuraduría de esa entidad pusieron a disposición del Grupo de Coordinación Chihuahua las bases de datos con que cuentan para realizar consultas.
Por su parte, la PGR remitió a la Policía Federal tres mandamientos ministeriales, de los cuales uno correspondió a Casas Grandes y dos a Ciudad Juárez, los cuales ya fueron cumplimentados, quedando pendiente uno más.
Este grupo mantiene contacto con la mesa de seguridad para recibir información relacionada con lavado de dinero bajo el esquema de inteligencia ciudadana.
“El número 089 está a disposición de la población para hacer denuncias anónimas seguras sobre cualquier delito, incluido el lavado de dinero. La PGR está trabajando en un acuerdo específico —aplicable a todo el país— para ofrecer recompensas.
“Se tiene previsto ofrecer como recompensa 25 por ciento del valor pericial de los recursos o bienes que se hayan logrado identificar y localizar. El acuerdo se encuentra en revisión para su aprobación final en el Comité de Recompensas”, se lee en el documento.
Programa contra capos
La PGR ya aplica un programa de recompensas para detener a capos del narcotráfico, por los que ofrece hasta 30 millones de pesos.
En marzo del año pasado el gobierno federal ofreció 915 millones de pesos de recompensa a quienes den información para detener a 37 líderes y operadores de los seis cárteles del narcotráfico que operan en México y “han puesto en riesgo la seguridad nacional”.
Entre los más buscados en la lista de entonces destacaban Heriberto Lazcano Lazcano, El Lazca; Joaquín El Chapo Guzmán; Ismael El Mayo Zambada; Mario Alberto Beltrán Leyva; Vicente Carrillo Fuentes y su sobrino Vicente Carrillo Leyva; Nazario Moreno González, El Chayo; José de Jesús Méndez Vargas, El Chango Méndez, y Fernando Sánchez Arellano, El Ingeniero.
En marzo pasado la iniciativa se redobló. La PGR ofreció entonces hasta 108 millones de pesos para capturar a 26 jefes del narcotráfico y operadores de los cárteles de Juárez, de Sinaloa, del Golfo, La Familia y Los Zetas.
Los montos más altos eran de 15 millones de pesos para ubicar a Juan Pablo Guijarro Fragoza, El Mónico, líder del grupo de sicarios La Línea, brazo armado del cártel de Juárez, y José Antonio Acosta Hernández, El Diego o Blablazo, ex agente del grupo antisecuestros de la Policía Ministerial de Chihuahua y autor intelectual de la matanza de 15 estudiantes en Villas de Salvarcar, en Ciudad Juárez, en enero de este año.
El hampa no nos amedrenta, señalan jueces
••• A pesar del clima de inseguridad que priva en el país, los impartidores de justicia federales y locales advirtieron que el crimen organizado no los amedrentará, por lo que seguirán cumpliendo con la función para la que fueron designados.
La presidenta de la Asociación de Tribunales de lo Contencioso Administrativo, Irma Wade Trujillo, aseguró que conocen los riesgos a los que se enfrentan, pero este mismo peligro también se presenta en los tribunales electorales y en el Poder Judicial federal y local.
En conferencia de prensa celebrada en la quinta asamblea de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ, integrada por juzgadores federales, locales, ministros y consejeros de la Judicatura Federal), la magistrada fue cuestionada sobre la supuesta preocupación de los jueces ante la violencia del crimen organizado.
“Nosotros como impartidores de justicia tenemos que cumplir la función para la cual fuimos designados; lo que está sucediendo en el país no debe amainar nuestro deseo de impartir justicia como se debe: conocemos las consecuencias, hay ciertos apartados de la AMIJ, en los que tenemos relación con estos problemas.
“Nosotros, como tribunales de lo contencioso, conocemos de despidos en los cuerpos policiacos de estados y municipios (por narconexos), pero también está el Tribunal Electoral y el Poder Judicial que tienen problemas”, sostuvo Wade Trujillo.
Balacera y ajuste de cuentas en Acapulco
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Autoridades de Guerrero hallaron cinco cuerpos en una huerta del fraccionamiento Las Gaviotas, en el poblado de Llano Largo. Los victimarios dejaron junto a los cadáveres un mensaje que hace referencia a un ajuste de cuentas entre bandas del crimen organizado. El hallazgo fue precedido de una balacera en la colonia Emiliano Zapata, en Acapulco, donde dos vehículos de lujo fueron baleados y quemados.
La propuesta —que se encuentra en revisión en el Comité de Recompensas de la mencionada institución— surgió a partir de las acciones que se pusieron en marcha en Ciudad Juárez, Chihuahua, para debilitar a las organizaciones criminales; sin embargo, el objetivo es hacerla extensiva a todo el territorio nacional.
Se tiene previsto que las denuncias se realicen de manera anónima, vía electrónica o telefónica, sin poner en riesgo al ciudadano que brinde información a las autoridades hacendarias y ministeriales para identificar los negocios e inmuebles de la delincuencia organizada.
A partir de esas denuncias la información será verificada por la Secretaría de Hacienda y la PGR para conocer el origen de recursos o narconegocios.
Lo anterior consta en el documento titulado “Todos somos Juárez”, en el que se hace énfasis a los avances obtenidos hasta octubre del presente año. El programa entró en operación en febrero pasado, después de la matanza de 15 jóvenes en la colonia Villas de Salvarcar, en Ciudad Juárez.
En el punto tres de los compromisos adoptados por las administraciones federal y estatal se destaca el combate del lavado de dinero para desarticular redes de financiamiento al crimen organizado a partir de denuncias ciudadana.
La meta, se indica en el documento, es articular unidades federales especializadas en el combate a ese ilícito —en coordinación con las autoridades chihuahuenses— para cortar las fuentes de financiamiento de la delincuencia, además de “desarrollar un sistema seguro de denuncia y un esquema de recompensas para que la gente ayude a identificar establecimientos” que se financian con recursos ilícitos.
En la actualidad la Policía Federal colabora con la Unidad de Inteligencia Financiera (de la Secretaría de Hacienda), la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (de PGR) y la procuraduría y SSP de Chihuahua en la integración de casos de lavado de dinero en Ciudad Juárez.
Para ello, el gobierno y la procuraduría de esa entidad pusieron a disposición del Grupo de Coordinación Chihuahua las bases de datos con que cuentan para realizar consultas.
Por su parte, la PGR remitió a la Policía Federal tres mandamientos ministeriales, de los cuales uno correspondió a Casas Grandes y dos a Ciudad Juárez, los cuales ya fueron cumplimentados, quedando pendiente uno más.
Este grupo mantiene contacto con la mesa de seguridad para recibir información relacionada con lavado de dinero bajo el esquema de inteligencia ciudadana.
“El número 089 está a disposición de la población para hacer denuncias anónimas seguras sobre cualquier delito, incluido el lavado de dinero. La PGR está trabajando en un acuerdo específico —aplicable a todo el país— para ofrecer recompensas.
“Se tiene previsto ofrecer como recompensa 25 por ciento del valor pericial de los recursos o bienes que se hayan logrado identificar y localizar. El acuerdo se encuentra en revisión para su aprobación final en el Comité de Recompensas”, se lee en el documento.
Programa contra capos
La PGR ya aplica un programa de recompensas para detener a capos del narcotráfico, por los que ofrece hasta 30 millones de pesos.
En marzo del año pasado el gobierno federal ofreció 915 millones de pesos de recompensa a quienes den información para detener a 37 líderes y operadores de los seis cárteles del narcotráfico que operan en México y “han puesto en riesgo la seguridad nacional”.
Entre los más buscados en la lista de entonces destacaban Heriberto Lazcano Lazcano, El Lazca; Joaquín El Chapo Guzmán; Ismael El Mayo Zambada; Mario Alberto Beltrán Leyva; Vicente Carrillo Fuentes y su sobrino Vicente Carrillo Leyva; Nazario Moreno González, El Chayo; José de Jesús Méndez Vargas, El Chango Méndez, y Fernando Sánchez Arellano, El Ingeniero.
En marzo pasado la iniciativa se redobló. La PGR ofreció entonces hasta 108 millones de pesos para capturar a 26 jefes del narcotráfico y operadores de los cárteles de Juárez, de Sinaloa, del Golfo, La Familia y Los Zetas.
Los montos más altos eran de 15 millones de pesos para ubicar a Juan Pablo Guijarro Fragoza, El Mónico, líder del grupo de sicarios La Línea, brazo armado del cártel de Juárez, y José Antonio Acosta Hernández, El Diego o Blablazo, ex agente del grupo antisecuestros de la Policía Ministerial de Chihuahua y autor intelectual de la matanza de 15 estudiantes en Villas de Salvarcar, en Ciudad Juárez, en enero de este año.
El hampa no nos amedrenta, señalan jueces
••• A pesar del clima de inseguridad que priva en el país, los impartidores de justicia federales y locales advirtieron que el crimen organizado no los amedrentará, por lo que seguirán cumpliendo con la función para la que fueron designados.
La presidenta de la Asociación de Tribunales de lo Contencioso Administrativo, Irma Wade Trujillo, aseguró que conocen los riesgos a los que se enfrentan, pero este mismo peligro también se presenta en los tribunales electorales y en el Poder Judicial federal y local.
En conferencia de prensa celebrada en la quinta asamblea de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ, integrada por juzgadores federales, locales, ministros y consejeros de la Judicatura Federal), la magistrada fue cuestionada sobre la supuesta preocupación de los jueces ante la violencia del crimen organizado.
“Nosotros como impartidores de justicia tenemos que cumplir la función para la cual fuimos designados; lo que está sucediendo en el país no debe amainar nuestro deseo de impartir justicia como se debe: conocemos las consecuencias, hay ciertos apartados de la AMIJ, en los que tenemos relación con estos problemas.
“Nosotros, como tribunales de lo contencioso, conocemos de despidos en los cuerpos policiacos de estados y municipios (por narconexos), pero también está el Tribunal Electoral y el Poder Judicial que tienen problemas”, sostuvo Wade Trujillo.
Balacera y ajuste de cuentas en Acapulco
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Autoridades de Guerrero hallaron cinco cuerpos en una huerta del fraccionamiento Las Gaviotas, en el poblado de Llano Largo. Los victimarios dejaron junto a los cadáveres un mensaje que hace referencia a un ajuste de cuentas entre bandas del crimen organizado. El hallazgo fue precedido de una balacera en la colonia Emiliano Zapata, en Acapulco, donde dos vehículos de lujo fueron baleados y quemados.
Rubén Mosso
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