Fuente: Proceso
Patricia Dávila
Patricia Dávila
En la urbe más violenta del mundo, Ciudad Juárez, se cometieron más de 3 mil asesinatos relacionados con la delincuencia organizada en el año que termina. El colmo es que con cientos de heridos, esta ciudad enferma se está quedando sin médicos, ya que los sicarios los secuestran, extorsionan y asesinan, aprovechando su exposición al público. Al igual que la gente pobre de Salvárcar, estos profesionistas siguen esperando las soluciones que el presidente Calderón les prometió desde febrero.
MÉXICO, D.F., 21 de diciembre (Proceso).- El pasado 31 de julio, el médico pediatra Alfonso Rocha salía de su consultorio cuando un grupo de hombres armados lo subió a golpes y empujones en un vehículo y lo trasladó a una casa de seguridad. De inmediato los plagiarios se comunicaron por teléfono con la familia y, después de cinco días, acordaron la entrega de un rescate de 70 mil dólares. El dinero fue entregado, pero el médico no recobró su libertad.
Al día siguiente de que pagó, la familia recibió otra llamada telefónica. Alfonso Rocha informó que fue “vendido” a otro grupo de secuestradores, quienes exigen otro monto por su rescate. En esta ocasión la familia permitió que interviniera un negociador adscrito a la Procuraduría General de la República (PGR). Tras un par de días se hizo un pacto y la familia entregó el dinero, pero el pediatra no volvió a casa. Los criminales no volvieron a comunicarse.
Catorce días después se encontró el cuerpo de Rocha, hinchado y “con alto grado de edematización”, según el personal del Servicio Médico Forense (Semefo). Incluso sus familiares tuvieron dificultades para reconocerlo.
Otro caso es el del doctor Alberto Betancourt. El pasado jueves 2, como a las 22:30 horas, salió de la clínica del Seguro Social y se dirigió al estacionamiento. No pudo abordar su vehículo: fue interceptado por un comando. Le dijeron que se trataba de un secuestro y lo subieron a un coche. Desde su teléfono celular, los secuestradores se comunicaron con la familia del doctor para notificar el rapto y pedir el rescate de 2 millones de pesos.
Para tratar con los plagiarios, la esposa contrató a un negociador de la PGR que ella eligió, al parecer porque es amigo de la familia. La negociación iba bajando, iba ya como en medio millón.
Algo falló. Poco antes de las 48 horas del secuestro fue localizado el cuerpo de Betancourt. Tenía dos disparos y evidencia de que estaba hincado cuando lo ejecutaron. De acuerdo con personas cercanas a la familia, quienes piden omitir sus nombres, el negociador no formalizó ante la PGR su intervención y, por lo tanto, nunca consultó a la dependencia. Incluso está bajo investigación porque no siguió el protocolo.
La zozobra de los médicos juarenses comenzó en marzo de 2008, igual que el Operativo Conjunto Chihuahua, dentro del cual el presidente Felipe Calderón enmarcó su guerra contra los cárteles en esta ciudad. Para diciembre de ese año, el gremio ya registraba ocho plagios, por lo que llevó a cabo una marcha de protesta y llamó a sus integrantes a constituir el Comité Médico Ciudadano (CMC).
De marzo de 2008 al pasado viernes 17 se tenía registro de 24 médicos secuestrados, entre ellos los dos asesinados por sus raptores. Otro más, Guillermo Ortiz Collazo, murió el 16 de julio porque auxiliaba a un herido cuando estalló el coche-bomba. Asimismo, 30% de los médicos que trabajan en el sector privado de Juárez es víctima de la modalidad de extorsión llamada “derecho de piso”; 80 de estos profesionistas abandonaron sus consultorios particulares y algunos de los 22 se han ido a vivir a El Paso, Texas.
La inseguridad provocó que los médicos organizaran un paro de labores el lunes 13. El servicio privado se paralizó en 100% y el público en 95%. Se adhirió a la protesta el personal de las tres clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el del Hospital General, por lo que se tuvo que enviar gente de la ciudad de Chihuahua. En los hospitales de la ciudad sólo se dieron servicios de urgencia y se realizaron cirugías de emergencia.
El martes 21, a las 16:00 horas, está programada una misa por la paz oficiada por el obispo Renato Ascencio León en el cruce de Bolivia y 16 de Septiembre, colonia Ex Hipódromo, donde estalló el coche-bomba.
Labor sin garantías
Por tercer año consecutivo, Ciudad Juárez encabeza la lista de las urbes más violentas del mundo. Este año se cometieron aquí 3 mil asesinatos relacionados con la delincuencia organizada. En gran medida esa ola delictiva comenzó en 2008, cuando el cártel de Sinaloa, comandado por Joaquín El Chapo Guzmán, entró a disputarle la plaza al cártel de Juárez, dirigido por Vicente Carrillo Fuentes, El Viceroy.
Tal grado de violencia hace eficaces las amenazas de los criminales, que descubrieron cómo utilizar el terror al exigir el “pago por derecho de piso” a las clínicas particulares.
–¿Qué tan grave es el problema de las extorsiones? –se le pregunta vía telefónica al doctor Miguel García, presidente de la Asociación de Clínicas y Hospitales de Juárez.
–Calculamos que alrededor de 30% de los mil 100 médicos generales y 640 especialistas del sector privado están pagando “derecho de piso”.
Describe cómo cometen la extorsión:
“El primer contacto, para intimidar, son hombres que llegan en comandos de tres o cuatro a fin de imponer su presencia. Están armados. Entregan un número de teléfono celular y dan la orden de que el propietario de la clínica se comunique de inmediato con ellos.
“Si no realizan la llamada, como primera advertencia rafaguean el negocio para intimidar. No ha habido heridos ni muertos (en esta fase); su único objetivo es aterrorizar para lograr el pago. En estas circunstancias tenemos cuatro clínicas registradas; los dueños de otras no han querido hacerlo público porque tienen miedo.”
A decir de víctimas de este delito, el pago se realiza en las propias instalaciones o a veces en otro lugar, como una tienda. Generalmente reciben el dinero mujeres o menores de edad, distintos en cada ocasión. A una clínica pequeña los delincuentes le exigen entre 2 mil 500 y 3 mil pesos por semana.
Afirman que los extorsionadores trabajan en equipos. Cuando la policía captura a un menor de edad cobrando la extorsión, éste argumenta que una señora le pidió recoger un sobre, mientras que el otro dice que lo contrataron como chofer. Así los dos salen libres.
También relatan casos de ginecólogos que coinciden en algunos detalles: reciben a una pareja, examinan a la mujer y sólo después de la consulta el supuesto esposo amaga al médico mientras le dice que se trata de un secuestro. En tanto, la mujer anima a su compinche para que golpee a la víctima.
–¿Hay quienes han abandonado la profesión? –se retoma la entrevista con el doctor García.
–Hay barrios, sobre todo de la periferia, como la carretera a Casas Grandes, Boulevard Zaragoza, zona de Zaragoza, colonia Hidalgo y la zona Centro, en donde los consultorios parecen una especie en extinción. Cerraron 80 especialistas en pediatría, ginecología, internistas y cirujanos, que decidieron establecerse en los grandes hospitales como medida de protección. Además, hay 22 médicos privados que abandonaron la ciudad, se llevaron a la familia, pero dejaron casas, dejaron todo… Algunos fueron extorsionados, otros rafagueados y otros secuestrados.
Pone énfasis en este delito: “De los 24 secuestrados sólo una es mujer; el resto, hombres. De esta clínica fue secuestrado un ginecólogo, por su rescate se pagaron 25 mil dólares. Aunque el monto que piden por su liberación empieza con cantidades estratosféricas, de 2.5 millones de pesos, se tiene que negociar”.
Detalla el secuestro de un colega, cuyo nombre se omite: “Se lo llevaron del estacionamiento de la clínica. Eran las 8:50 de la mañana, tenía su coche encendido. En eso se le empareja un auto con cuatro encapuchados que tienen armas largas. Lo bajan de su vehículo y lo suben al de ellos”.
Antes de hacer contacto con la familia, los delincuentes lo golpearon y humillaron para “ablandarlo”. El objetivo, dice García, es que decaiga su estado de ánimo y se lo transmita a los familiares. Después de 50 minutos lo obligaron a que hablara por su celular y les informara que el grupo pedía 200 mil dólares por liberarlo.
Lo ocultaron en el segundo piso de una casa de seguridad en la que escuchaba a una mujer y unos niños. Afortunadamente, la familia negoció su liberación el mismo día por 25 mil dólares. Lo soltaron a las 19:30 horas. Los plagiarios le dieron 200 pesos para un taxi.
–¿En este caso entró algún negociador oficial?
–No. Siempre se respeta la decisión de la familia. Cuando hay un mediador se tarda más la negociación, porque se piden pruebas de vida. El problema es que no se sabe a quién llamar, porque hay un grupo de negociadores de la Policía Federal y otro de la Policía Estatal, y muchas veces la familia duda de la confiabilidad de ambas corporaciones.
Diagnóstico reservado
Actualmente están destacados en Ciudad Juárez 5 mil policías de corporaciones federales, 2 mil 200 militares, 800 agentes municipales y 100 del estado, pero la violencia está imparable. Leticia Chavarría, integrante del Comité Médico Ciudadano, coincide con el doctor Miguel García:
“Los atentados en contra de integrantes del gremio son continuos, a pesar de que desde 2008 empezamos a poner medidas de seguridad en los consultorios. De manera gradual, algunos han puesto botones de pánico, rejas en la entrada, se quitaron los letreros de anuncios, el nombre del médico, los horarios de consulta, números de teléfonos... todos los datos que antes era normal exhibir fuera de cualquier consultorio o clínica. Hoy, tener estos datos a la luz pública es sumamente riesgoso.”
Añade que ya no se atiende a cualquier persona, sólo se da consulta con cita, y ésta sólo puede ser telefónica si puede corroborarse de dónde proviene la llamada. Cuando un paciente llama al consultorio o la clínica, no se abre la puerta hasta comprobar que es la persona que tiene la cita. Cuando entra, se cierra con candado.
Por culpa de esta situación las clínicas del IMSS tienen un déficit de 250 médicos tan sólo en el área de especialidades, ya que nadie acepta una plaza en esta ciudad.
“Desempeñar la profesión médica en Juárez se ha convertido en una práctica riesgosa –expone Chavarría–. En noviembre de 2009, un comando entró a la Clínica 35 del IMSS a rematar a un paciente que había sido llevado en ambulancia. Tenemos dos años pidiendo que se cuente con seguridad las 24 horas del día en los hospitales, para garantizar no sólo nuestra integridad física, sino la de pacientes y sus familiares. Pero no se nos ha escuchado”, lamenta.
Desde febrero de este año, cuando se inició la estrategia Todos Somos Juárez a raíz del asesinato de 15 jóvenes en Villas de Salvárcar, el presidente Felipe Calderón y su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, se comprometieron a atender las peticiones del gremio, pero ya está terminando el año y no les han dado respuesta.
No se trata de peticiones exageradas: “Si no nos proporcionan las garantías para trabajar, entonces solicitamos que abran un hospital militar que atienda exclusivamente a los heridos en los enfrentamientos. También pedimos que detengan los secuestros y que se esclarezca el asesinato del doctor Betancourt y el de Rocha”, dice la integrante del CMC.
Entre tanto, el comité puso en su sitio de internet una guía dirigida a todo el personal médico para prevenir secuestros, otra sobre qué hacer en caso de ser raptado y números telefónicos para denunciar este delito.
Un médico que corrió con suerte y fue liberado después de cuatro días, narra que una mujer le habló por teléfono para pedirle que examinara a su hijo, cuyo llanto se alcanzaba a oír. El doctor no pensaba dar consulta al día siguiente, pero la señora le dijo que el niño estaba muy mal.
“Me convenció –recuerda el entrevistado–. La esperé en mi consultorio, pero en lugar de llegar ella, al abrir me encontré con un hombre. Me dijo que era el esposo de la señora y lo dejé pasar. En cuanto abrí me aventó y entraron otros cinco hombres empistolados.
“Les pregunté de qué se trataba. En respuesta, me pegaron con una pistola. A la fuerza me subieron a la parte trasera de uno de sus dos vehículos. Me sujetaron las manos y me vendaron los ojos. Hasta ese momento entendí que se trataba de un secuestro. A partir de ahí, me golpearon para que les diera el número telefónico de mi casa y los datos personales de mi esposa.”
Cuando los secuestradores se comunicaron a la casa, la persona que contestó no les creyó y colgó; enojados, sus raptores lo golpearon. Después volvieron a llamar, pero esta vez pusieron a su víctima en la línea para que confirmara que lo tenían cautivo.
Durante los cuatro días de las negociaciones él permaneció amarrado a una silla o en el piso. Diariamente era golpeado dos o tres veces. Le vendaban los ojos y le ponían una cuerda al cuello mientras otro le pegaba, sobre todo cuando después de una llamada no se llegaba a un acuerdo sobre el monto del rescate.
“El primer día me sentí desorientado, desalentado, piensas tantas cosas… Al siguiente me pasaban ideas por la cabeza: veía por donde podía escaparme –confía el médico–. Al tercero, llegaba a la conclusión de que me matarían, pensaba que mi vida corría peligro, igual la vida de mi familia. Creía que podían quitarles el dinero y luego matarnos a todos. No comes. Nunca duermes.”
–¿Dormía en una cama?
–Donde me lo permitían en ese momento. Dormía sentado en la silla, en el piso de una casa habitación donde escuchaba la voz de la mujer que me llamó. Había niños. Uno lloraba, era un bebé.
–¿Su familia cómo estaba mientras negociaban?
–Estresados. Llegó el momento en que no resistían más. Llegaron a pensar que me iban a matar. Sabían que a la víctima los secuestradores le hacen lo que quieren.
Dice que ahora vive con temor y teme que les esté impidiendo vivir libremente a sus hijos: “Dejé el cautiverio, pero sigo secuestrado”.
MÉXICO, D.F., 21 de diciembre (Proceso).- El pasado 31 de julio, el médico pediatra Alfonso Rocha salía de su consultorio cuando un grupo de hombres armados lo subió a golpes y empujones en un vehículo y lo trasladó a una casa de seguridad. De inmediato los plagiarios se comunicaron por teléfono con la familia y, después de cinco días, acordaron la entrega de un rescate de 70 mil dólares. El dinero fue entregado, pero el médico no recobró su libertad.
Al día siguiente de que pagó, la familia recibió otra llamada telefónica. Alfonso Rocha informó que fue “vendido” a otro grupo de secuestradores, quienes exigen otro monto por su rescate. En esta ocasión la familia permitió que interviniera un negociador adscrito a la Procuraduría General de la República (PGR). Tras un par de días se hizo un pacto y la familia entregó el dinero, pero el pediatra no volvió a casa. Los criminales no volvieron a comunicarse.
Catorce días después se encontró el cuerpo de Rocha, hinchado y “con alto grado de edematización”, según el personal del Servicio Médico Forense (Semefo). Incluso sus familiares tuvieron dificultades para reconocerlo.
Otro caso es el del doctor Alberto Betancourt. El pasado jueves 2, como a las 22:30 horas, salió de la clínica del Seguro Social y se dirigió al estacionamiento. No pudo abordar su vehículo: fue interceptado por un comando. Le dijeron que se trataba de un secuestro y lo subieron a un coche. Desde su teléfono celular, los secuestradores se comunicaron con la familia del doctor para notificar el rapto y pedir el rescate de 2 millones de pesos.
Para tratar con los plagiarios, la esposa contrató a un negociador de la PGR que ella eligió, al parecer porque es amigo de la familia. La negociación iba bajando, iba ya como en medio millón.
Algo falló. Poco antes de las 48 horas del secuestro fue localizado el cuerpo de Betancourt. Tenía dos disparos y evidencia de que estaba hincado cuando lo ejecutaron. De acuerdo con personas cercanas a la familia, quienes piden omitir sus nombres, el negociador no formalizó ante la PGR su intervención y, por lo tanto, nunca consultó a la dependencia. Incluso está bajo investigación porque no siguió el protocolo.
La zozobra de los médicos juarenses comenzó en marzo de 2008, igual que el Operativo Conjunto Chihuahua, dentro del cual el presidente Felipe Calderón enmarcó su guerra contra los cárteles en esta ciudad. Para diciembre de ese año, el gremio ya registraba ocho plagios, por lo que llevó a cabo una marcha de protesta y llamó a sus integrantes a constituir el Comité Médico Ciudadano (CMC).
De marzo de 2008 al pasado viernes 17 se tenía registro de 24 médicos secuestrados, entre ellos los dos asesinados por sus raptores. Otro más, Guillermo Ortiz Collazo, murió el 16 de julio porque auxiliaba a un herido cuando estalló el coche-bomba. Asimismo, 30% de los médicos que trabajan en el sector privado de Juárez es víctima de la modalidad de extorsión llamada “derecho de piso”; 80 de estos profesionistas abandonaron sus consultorios particulares y algunos de los 22 se han ido a vivir a El Paso, Texas.
La inseguridad provocó que los médicos organizaran un paro de labores el lunes 13. El servicio privado se paralizó en 100% y el público en 95%. Se adhirió a la protesta el personal de las tres clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el del Hospital General, por lo que se tuvo que enviar gente de la ciudad de Chihuahua. En los hospitales de la ciudad sólo se dieron servicios de urgencia y se realizaron cirugías de emergencia.
El martes 21, a las 16:00 horas, está programada una misa por la paz oficiada por el obispo Renato Ascencio León en el cruce de Bolivia y 16 de Septiembre, colonia Ex Hipódromo, donde estalló el coche-bomba.
Labor sin garantías
Por tercer año consecutivo, Ciudad Juárez encabeza la lista de las urbes más violentas del mundo. Este año se cometieron aquí 3 mil asesinatos relacionados con la delincuencia organizada. En gran medida esa ola delictiva comenzó en 2008, cuando el cártel de Sinaloa, comandado por Joaquín El Chapo Guzmán, entró a disputarle la plaza al cártel de Juárez, dirigido por Vicente Carrillo Fuentes, El Viceroy.
Tal grado de violencia hace eficaces las amenazas de los criminales, que descubrieron cómo utilizar el terror al exigir el “pago por derecho de piso” a las clínicas particulares.
–¿Qué tan grave es el problema de las extorsiones? –se le pregunta vía telefónica al doctor Miguel García, presidente de la Asociación de Clínicas y Hospitales de Juárez.
–Calculamos que alrededor de 30% de los mil 100 médicos generales y 640 especialistas del sector privado están pagando “derecho de piso”.
Describe cómo cometen la extorsión:
“El primer contacto, para intimidar, son hombres que llegan en comandos de tres o cuatro a fin de imponer su presencia. Están armados. Entregan un número de teléfono celular y dan la orden de que el propietario de la clínica se comunique de inmediato con ellos.
“Si no realizan la llamada, como primera advertencia rafaguean el negocio para intimidar. No ha habido heridos ni muertos (en esta fase); su único objetivo es aterrorizar para lograr el pago. En estas circunstancias tenemos cuatro clínicas registradas; los dueños de otras no han querido hacerlo público porque tienen miedo.”
A decir de víctimas de este delito, el pago se realiza en las propias instalaciones o a veces en otro lugar, como una tienda. Generalmente reciben el dinero mujeres o menores de edad, distintos en cada ocasión. A una clínica pequeña los delincuentes le exigen entre 2 mil 500 y 3 mil pesos por semana.
Afirman que los extorsionadores trabajan en equipos. Cuando la policía captura a un menor de edad cobrando la extorsión, éste argumenta que una señora le pidió recoger un sobre, mientras que el otro dice que lo contrataron como chofer. Así los dos salen libres.
También relatan casos de ginecólogos que coinciden en algunos detalles: reciben a una pareja, examinan a la mujer y sólo después de la consulta el supuesto esposo amaga al médico mientras le dice que se trata de un secuestro. En tanto, la mujer anima a su compinche para que golpee a la víctima.
–¿Hay quienes han abandonado la profesión? –se retoma la entrevista con el doctor García.
–Hay barrios, sobre todo de la periferia, como la carretera a Casas Grandes, Boulevard Zaragoza, zona de Zaragoza, colonia Hidalgo y la zona Centro, en donde los consultorios parecen una especie en extinción. Cerraron 80 especialistas en pediatría, ginecología, internistas y cirujanos, que decidieron establecerse en los grandes hospitales como medida de protección. Además, hay 22 médicos privados que abandonaron la ciudad, se llevaron a la familia, pero dejaron casas, dejaron todo… Algunos fueron extorsionados, otros rafagueados y otros secuestrados.
Pone énfasis en este delito: “De los 24 secuestrados sólo una es mujer; el resto, hombres. De esta clínica fue secuestrado un ginecólogo, por su rescate se pagaron 25 mil dólares. Aunque el monto que piden por su liberación empieza con cantidades estratosféricas, de 2.5 millones de pesos, se tiene que negociar”.
Detalla el secuestro de un colega, cuyo nombre se omite: “Se lo llevaron del estacionamiento de la clínica. Eran las 8:50 de la mañana, tenía su coche encendido. En eso se le empareja un auto con cuatro encapuchados que tienen armas largas. Lo bajan de su vehículo y lo suben al de ellos”.
Antes de hacer contacto con la familia, los delincuentes lo golpearon y humillaron para “ablandarlo”. El objetivo, dice García, es que decaiga su estado de ánimo y se lo transmita a los familiares. Después de 50 minutos lo obligaron a que hablara por su celular y les informara que el grupo pedía 200 mil dólares por liberarlo.
Lo ocultaron en el segundo piso de una casa de seguridad en la que escuchaba a una mujer y unos niños. Afortunadamente, la familia negoció su liberación el mismo día por 25 mil dólares. Lo soltaron a las 19:30 horas. Los plagiarios le dieron 200 pesos para un taxi.
–¿En este caso entró algún negociador oficial?
–No. Siempre se respeta la decisión de la familia. Cuando hay un mediador se tarda más la negociación, porque se piden pruebas de vida. El problema es que no se sabe a quién llamar, porque hay un grupo de negociadores de la Policía Federal y otro de la Policía Estatal, y muchas veces la familia duda de la confiabilidad de ambas corporaciones.
Diagnóstico reservado
Actualmente están destacados en Ciudad Juárez 5 mil policías de corporaciones federales, 2 mil 200 militares, 800 agentes municipales y 100 del estado, pero la violencia está imparable. Leticia Chavarría, integrante del Comité Médico Ciudadano, coincide con el doctor Miguel García:
“Los atentados en contra de integrantes del gremio son continuos, a pesar de que desde 2008 empezamos a poner medidas de seguridad en los consultorios. De manera gradual, algunos han puesto botones de pánico, rejas en la entrada, se quitaron los letreros de anuncios, el nombre del médico, los horarios de consulta, números de teléfonos... todos los datos que antes era normal exhibir fuera de cualquier consultorio o clínica. Hoy, tener estos datos a la luz pública es sumamente riesgoso.”
Añade que ya no se atiende a cualquier persona, sólo se da consulta con cita, y ésta sólo puede ser telefónica si puede corroborarse de dónde proviene la llamada. Cuando un paciente llama al consultorio o la clínica, no se abre la puerta hasta comprobar que es la persona que tiene la cita. Cuando entra, se cierra con candado.
Por culpa de esta situación las clínicas del IMSS tienen un déficit de 250 médicos tan sólo en el área de especialidades, ya que nadie acepta una plaza en esta ciudad.
“Desempeñar la profesión médica en Juárez se ha convertido en una práctica riesgosa –expone Chavarría–. En noviembre de 2009, un comando entró a la Clínica 35 del IMSS a rematar a un paciente que había sido llevado en ambulancia. Tenemos dos años pidiendo que se cuente con seguridad las 24 horas del día en los hospitales, para garantizar no sólo nuestra integridad física, sino la de pacientes y sus familiares. Pero no se nos ha escuchado”, lamenta.
Desde febrero de este año, cuando se inició la estrategia Todos Somos Juárez a raíz del asesinato de 15 jóvenes en Villas de Salvárcar, el presidente Felipe Calderón y su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, se comprometieron a atender las peticiones del gremio, pero ya está terminando el año y no les han dado respuesta.
No se trata de peticiones exageradas: “Si no nos proporcionan las garantías para trabajar, entonces solicitamos que abran un hospital militar que atienda exclusivamente a los heridos en los enfrentamientos. También pedimos que detengan los secuestros y que se esclarezca el asesinato del doctor Betancourt y el de Rocha”, dice la integrante del CMC.
Entre tanto, el comité puso en su sitio de internet una guía dirigida a todo el personal médico para prevenir secuestros, otra sobre qué hacer en caso de ser raptado y números telefónicos para denunciar este delito.
Un médico que corrió con suerte y fue liberado después de cuatro días, narra que una mujer le habló por teléfono para pedirle que examinara a su hijo, cuyo llanto se alcanzaba a oír. El doctor no pensaba dar consulta al día siguiente, pero la señora le dijo que el niño estaba muy mal.
“Me convenció –recuerda el entrevistado–. La esperé en mi consultorio, pero en lugar de llegar ella, al abrir me encontré con un hombre. Me dijo que era el esposo de la señora y lo dejé pasar. En cuanto abrí me aventó y entraron otros cinco hombres empistolados.
“Les pregunté de qué se trataba. En respuesta, me pegaron con una pistola. A la fuerza me subieron a la parte trasera de uno de sus dos vehículos. Me sujetaron las manos y me vendaron los ojos. Hasta ese momento entendí que se trataba de un secuestro. A partir de ahí, me golpearon para que les diera el número telefónico de mi casa y los datos personales de mi esposa.”
Cuando los secuestradores se comunicaron a la casa, la persona que contestó no les creyó y colgó; enojados, sus raptores lo golpearon. Después volvieron a llamar, pero esta vez pusieron a su víctima en la línea para que confirmara que lo tenían cautivo.
Durante los cuatro días de las negociaciones él permaneció amarrado a una silla o en el piso. Diariamente era golpeado dos o tres veces. Le vendaban los ojos y le ponían una cuerda al cuello mientras otro le pegaba, sobre todo cuando después de una llamada no se llegaba a un acuerdo sobre el monto del rescate.
“El primer día me sentí desorientado, desalentado, piensas tantas cosas… Al siguiente me pasaban ideas por la cabeza: veía por donde podía escaparme –confía el médico–. Al tercero, llegaba a la conclusión de que me matarían, pensaba que mi vida corría peligro, igual la vida de mi familia. Creía que podían quitarles el dinero y luego matarnos a todos. No comes. Nunca duermes.”
–¿Dormía en una cama?
–Donde me lo permitían en ese momento. Dormía sentado en la silla, en el piso de una casa habitación donde escuchaba la voz de la mujer que me llamó. Había niños. Uno lloraba, era un bebé.
–¿Su familia cómo estaba mientras negociaban?
–Estresados. Llegó el momento en que no resistían más. Llegaron a pensar que me iban a matar. Sabían que a la víctima los secuestradores le hacen lo que quieren.
Dice que ahora vive con temor y teme que les esté impidiendo vivir libremente a sus hijos: “Dejé el cautiverio, pero sigo secuestrado”.
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