Plaza caliente

Fuente: Milenio

Entre pares

Guillermo Colín

La zaga del ominoso secuestro del alcalde de Santiago, que terminó en forma dramática con el hallazgo de sus restos luego de haber sido torturado y ejecutado, pone de manifiesto –junto con el incremento de los narcobloqueosy de otras felonías sucedidas en total impunidad–, que la zona metropolitana de Monterrey acelera su tránsito a la anarquía y, de continuar así, a ser pronto, tristemente declarada la primera megalópolis de México tomada por el crimen organizado.

Ejemplos sobran de ciudades intermedias del país donde el terror por la violencia ya se ha instaurado, como en Nuevo Laredo, Ciudad Juárez, Reynosa o Torreón… Pero de seguir al paso que van las cosas, Monterrey bien podría ser la primera gran urbe del país que cae por el crimen organizado en el desquiciamiento de su orden público, hoy por hoy tan vulnerado ya.

Quien crea que al afirmarse lo anterior se incurre en una exageración de la realidad, basta con que se remita a mirar la construcción de una barrera de hormigón armado que está por concluir el Consulado americano justo enfrente de su fachada, que roba media calle a la avenida Constitución; barrera en muy poco distinta a las que los estadunidenses han erigido en lugares tan volátiles como en su tiempo lo fue Beirut.

El gobernador Rodrigo Medina y el alcalde Larrazábal, justo en el momento más crítico de la entidad, y que demanda su total conjunción de esfuerzos, dieron por terminada en la práctica su alianza de luna de miel postelectoral entre recriminaciones que evidencian no sólo su nula coordinación, sino graves errores en la conducción al más alto nivel de la seguridad pública en Monterrey, mientras por otra parte, ya se hace epidémica la impotencia ciudadana ante los gravísimos hechos en el vacío de autoridad que se observa.

Sus posturas cayeron en el pozo de la desolación política. Medina hizo un enérgico llamado a los cuerpos de Policía y Tránsito regios para que ante la ausencia patente de los jenízaros, coadyuvaran en la disolvencia de los narcobloqueos, conminándolos a que, bajo advertencia que las fuerzas estatales por sí solas no se bastan, públicamente dijeran si de plano no iban a llegar a las emergencias. La respuesta que obtuvo fue una probablemente sin paralelo en la historia de la ciudad.

Instalado en la renuncia tácita a sus responsabilidades, el alcalde Larrazábal le tomó la palabra al gobernador y de hecho le avisó (a él y a los ciudadanos que al menos formalmente todavía gobierna) que sus fuerzas de seguridad no llegarían jamás: “No podemos esperar que oficiales de Tránsito armados con una libreta, una pluma y un silbato, sean capaces de retirar bloqueos generados por personas armadas”. Y menos si tales oficiales están cooptados, le faltó añadir como muchas evidencias publicadas lo indican. De la Policía a su cargo mejor hizo mutis.

Así, virtualmente declarada la ciudad tierra de nadie por el munícipe Larrazábal, los organismos cupulares de la iniciativa privada regiomontana, por escasa vez en tres años de estéril guerra al narco, y luego de 30 mil muertes, exigieron al gobierno calderonista que enviara de inmediato varios batallones de tropas del Ejército y la Marina a Monterrey. Lo hicieron a la manera provinciana como lo hacen en sus misceláneas los consumidores de abarrotes: me da “tres del Ejército y uno de la Marina”. Pero nadie supo dar cuenta de la racionalidad detrás del pedido: ¿por qué tres y no cinco o diez?, ¿por qué uno de la Marina y no cuatro? ¿En relación a qué cálculo se piden esos batallones?

Por contraste en su desplegado, la Caintra, la Coparmex y el CCINLAC –que no dejan de hacer propaganda a la numeralia oficial en apoyo a la denuncia ciudadana– ni por equivocación sugieren instaurar un juicio político al alcalde Larrazábal, al que en rigor se ha expuesto el mandatario electo por el abandono declarativamente explícito de sus responsabilidades en materia de seguridad pública, y sí en cambio, insisten, más como efecto mediático que como medida eficaz, en la rebasada ocurrencia de sostener que a mayor cantidad de tropas menor violencia, axioma que ni en Vietnam, ni en Irlanda, o ahora en Irak o Afganistán, ha probado ser cierto… Sobre todo cuando en el desplegado en cuestión, los firmantes mismos contradictoriamente, piden a la sociedad no caer en el pánico o la desesperación.

Pero la exigencia que las cúpulas regiomontanas publicaron ayer en diarios nacionales sí tiene otros signos políticos de honda significación: entre ellos, los miembros de la mermada iniciativa privada de Monterrey por primera vez en décadas piden como en orden de guerra, cuatro batallones de las Fuerzas Armadas... no de la Policía Federal.

Al exigir (así fue el término que emplearon) explícitamente tropas federales para salvaguardar el orden interno del estado de NL, la iniciativa privada regiomontana actúa quizá en preludio a una solicitud ulterior a medidas extraordinarias que el orden constitucional tiene previsto para salvaguardar la paz si ésta se ve seriamente amenazada. ¿Habrá llegado la hora de considerarlas? O ¿lo que se requiere son las medidas sensatas y de sentido común, como las que han vertido muchos otros representantes de la sociedad en la escenografía montada por el presidente Calderón para dialogar sobre el tema?

gcolin@mail.com