Las narcofosas ya son rutina

Funte: Proceso

Arturo Rodríguez García 

FOTO: Miguel Dimayuga

El hallazgo en la periferia de Monterrey.

El número de cadáveres hallados en las narcofosas neoleonesas de la Hacienda Calderón sólo ha sido superado por los encontrados en Taxco, Guerrero. Decenas de cuerpos descuartizados, mutilados o incinerados constituyen el saldo de las enconadas batallas entre el cártel del Golfo y Los Zetas.

MONTERREY, NL, 3 de agosto (Proceso).- Cuerpos calcinados, acribillados, asfixiados o molidos a golpes que yacen en parajes o narcofosas son hallados en Nuevo León cada vez con más frecuencia desde que el cártel del Golfo y Los Zetas enconaron su confrontación.

En un año y medio, integrantes de las Fuerzas Armadas han localizado siete de esos sitios con restos humanos en Nuevo León y uno en Coahuila. En cuatro de esos lugares había 87 cuerpos, mientras que en los otros sólo se encontraron restos óseos cuyo grado de descomposición impidió determinar tanto el número de víctimas como su identidad.

De manera que aquí a nadie parece insólito que el 22 de julio un convoy del Ejército Mexicano haya localizado nueve pozos que, en un paraje conocido como Hacienda Calderón, aledaño al fraccionamiento Las Águilas, del municipio de Juárez, contenían cinco decenas de cuerpos humanos despidiendo olores fétidos.

Durante dos días, los peritos de la Procuraduría de Justicia del estado cavaron hasta recuperar los cadáveres, que no cupieron en la morgue. Con un camión-refrigerador, un número indeterminado de cuerpos permanecieron en el exterior, en lo que se abría espacio y se practicaba la autopsia a los primeros.

Y es que, a diferencia de otras fosas semejantes descubiertas en la región, que en lugar de cuerpos contenían restos óseos carbonizados o muy descompuestos, estos cadáveres son recientes y, por su estado, aún resultan identificables.

Sin embargo, el número de cuerpos localizados en las fosas de la Hacienda Calderón sólo ha sido superado por los 55 cadáveres que, depositados en una mina de Taxco, Guerrero, fueron descubiertos a finales de mayo pasado.

Aunque oficialmente las autoridades no han identificado a los creadores del macabro sitio en Nuevo León, policías federales afirman que tales crímenes habrían sido efectuados por sicarios del cártel del Golfo en su lucha contra Los Zetas. 

 Y calculan que en ese tipo de lugares de la región han sido arrojados casi un centenar de personas que en su mayoría no han sido registradas por las autoridades como desaparecidas.

La Hacienda Calderón

A través de brechas de terracería, en un laberinto flanqueado por espesa vegetación, se llegó a la zona del hallazgo tres días después del levantamiento de los cuerpos.

En el fondo de la fosa principal, de unos 100 metros de diámetro y 10 de profundidad, aún con un intenso olor a muerte, había prendas de vestir consumidas por la humedad y el tiempo que pertenecieron a quienes allí perecieron ejecutados: pantalones, camisas, zapatos y hasta una funda quemada de teléfono celular... 

En el predio, nueve fosas contuvieron los cadáveres de 51 personas, entre ellas seis mujeres.

Aunque se sabe que algunos restos estaban carbonizados, los cuerpos fueron sometidos a un procedimiento forense que logró determinar sexo, evidencias de tortura y causas de muerte. 

Información obtenida por Proceso revela que apenas nueve víctimas murieron por impacto de bala, en tanto que las otras 42 sufrieron una agonía lenta, pues perdieron la vida a causa de golpes o por asfixia.

Hasta el cierre de esta edición se había identificado apenas a 10% de los cuerpos, pero las causas de los decesos estaban ya establecidas: 18 murieron por contusión profunda de tórax; cinco, por golpes en tórax y abdomen; tres, por contusión de cráneo; uno, por golpes en cráneo y tórax, además de que 15 fallecieron por asfixia y nueve por lesiones de arma de fuego.

Desde el hallazgo, familias de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas han acudido en busca de algún pariente desaparecido. El viernes 30 de julio habían sido identificados siete cuerpos, cinco de los cuales fueron reconocidos por sus familiares, en tanto que la identidad de otros dos se conoció por sus huellas dactilares.

Todos ellos son originarios de la zona metropolitana de Nuevo León.

Entre los identificados están Raymundo Javier Muñoz Guerra y Vidal de Jesús Domínguez Flores, quienes tenían antecedentes penales por el delito de robo en la entidad. La libertad de Muñoz Guerra apenas duró unas semanas, pues había salido del penal de Apodaca en mayo y su muerte ocurrió a finales de junio.

Pero en el caso de Sonia Clara Villalobos Zurita, una joven de 18 años, vecina de Guadalupe, Nuevo León, no hay antecedentes penales ni se ha logrado determinar algún vínculo de ella con la delincuencia organizada. 

Ahora se sabe que, el 30 de junio, Sonia Clara habló por teléfono con su madre, a quien dijo que había tenido un percance vial en la avenida Constitución. De repente la comunicación se cortó y la familia jamás volvió a saber de la joven hasta el jueves 29 de julio, cuando la reconocieron en el Servicio Médico Forense.

Como ella, las personas ahí sepultadas habrían muerto entre junio y julio de este año.

Las narcofosas

Atribuidas a Los Zetas y al cártel del Golfo –aunque no de manera oficial–, varias narcofosas localizadas a partir de febrero de 2009 en los límites de Nuevo León y Coahuila han presentado cuerpos mutilados o restos óseos que en ocasiones han sido desintegrados.

El 10 de febrero de 2009, en un paraje serrano de Arteaga, Coahuila, zona limítrofe con el sur de Nuevo León, una patrulla militar, “en un recorrido de rutina”, localizó fosas con los restos de 19 personas.

En ese paraje, conocido como San José de la Roja, sobre las fosas con cadáveres había tambos de 200 litros con residuos de diesel. De acuerdo con un informe forense obtenido por Proceso, los cuerpos fueron descuartizados empleando machetes y zapapicos. 

En total, los forenses obtuvieron 514 trozos de cuerpos humanos levantados del sitio serrano, e identificaron un solo mecanismo de descuartizamiento: se producía un corte que separaba en un solo segmento cráneo, cuello y la mitad superior del tórax; otro incluía la región abdominal, la lumbar y la pelvis, además de que brazos y piernas eran desarticulados para después fracturar los huesos largos mediante el empleo de un zapapico y machetes. 

Luego, en los toneles metálicos de 200 litros, a los que se hicieron orificios con el zapapico, se introdujeron los fragmentos corpóreos y se rociaron con diesel. Los orificios hechos en el tambo generan aire para la combustión y producen un efecto semejante al de un soplete. 

Una vez sometidos al fuego, los restos que no lograron incinerarse fueron sepultados. Coincidentemente, como ocurrió en las narcofosas de la Hacienda Calderón, en ese lugar se localizaron nueve sitios con restos humanos.

Sólo fue posible identificar los cuerpos de cinco de las víctimas. Cuatro eran de Nuevo León, y uno, estudiante de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro de Saltillo, pero originario de Oaxaca. En 14 cuerpos, después de cinco meses de procedimientos forenses, se logró identificar la secuencia de ADN, pero nadie los reclamó. Una víctima más, por su descomposición, no conservó ni su código genético.

Tras el hallazgo de la Sierra de Arteaga, esos cementerios del narco han dejado muestras de procedimientos semejantes a lo largo de un año y medio. 

En la mayoría de los lugares se han encontrado casquillos percutidos, pero al someter los cuerpos a procesos forenses, los peritos han determinado, como en las víctimas sepultadas en la Hacienda Calderón, que las muertes por arma de fuego son las menos.

El 14 de agosto de 2009, la Policía Ministerial de Nuevo León localizó una cueva en Santa Catarina donde también había restos humanos y tambos. Por la descomposición de los cuerpos, no hubo identificaciones ni datos más precisos sobre la cantidad de víctimas.

El 5 de febrero de este año, en el municipio de Galeana, el Ejército, “en un recorrido de rutina”, localizó los restos de un indeterminado número de víctimas. También en ese lugar había tambos de 200 litros.

Pero hasta el momento el municipio que acumula más cadáveres es Juárez, Nuevo León, pues además de las fosas de la Hacienda Calderón, elementos del Ejército y peritos de la Procuraduría de Justicia lograron la recuperación, el pasado 30 de junio, de 12 cuerpos sepultados en una fosa de la Quinta Los Leones, ubicada en las faldas del Cerro de la Silla, en la comunidad de Santa Ana, a unos 30 kilómetros de Monterrey.

Días después, el 14 de julio, en un yonque de Guadalupe, Nuevo León, que anteriormente servía como corralón al ayuntamiento, se localizaron al menos nueve cuerpos. Fueron también los militares quienes, “gracias a una llamada anónima”, ubicaron el sitio y, ya con los forenses ahí, encontraron los restos humanos en tambos y diferentes fosas.

Luego vino el hallazgo de la Hacienda Calderón, al que le siguió otro el miércoles 28 de julio, cuando se halló un cuerpo, plenamente identificable, sepultado en el sector conocido como Hacienda Real, también en Juárez.

Y un día más tarde, el jueves 29 de julio, otro sitio igual fue descubierto en el municipio de El Carmen, Nuevo León, donde había restos humanos calcinados y seis tambos con residuos de diesel consumido, además de que a unos 200 metros de allí se recogieron por la brecha prendas y casquillos de bala.

Los desaparecidos

Con la localización de las fosas clandestinas, el número de muertos de Nuevo León en el contexto de “la guerra” contra el narcotráfico ascendió a casi 400 en lo que va de 2010. 

En tanto, la cifra de desapariciones en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas se mantiene en la opacidad, pues familiares de las víctimas prefieren en muchos casos evitar las denuncias por temor a represalias. E inclusive aquellos que se animan sufren intimidaciones, amenazas o desdén de las autoridades, según han denunciado el Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, que preside el obispo Raúl Vera López en Coahuila, y Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., de Nuevo León (CADHAC), que coordina la religiosa Consuelo Morales Elizondo.

Sin embargo, aunque no se conoce el número de desapariciones, la parroquia de Nuestra Señora del Refugio se ha convertido en un lugar de oración para familiares de personas desaparecidas en la entidad.

Ese ritual comenzó el 22 de octubre del año pasado, con una misa a la que asistieron 10 familias. La siguiente reunión fue un mes después, el 19 de noviembre, y, entonces sí, la iglesia lució repleta: decenas de personas acudieron a orar por sus desparecidos. Y desde entonces lo hacen el tercer viernes de cada mes.

En la parroquia confluyen decenas de historias de violencia que no forman parte de las estadísticas oficiales.

 “A una la amenazan las autoridades, y ni cómo hacerle. Nomás nos queda el rezo”, dice una de las madres de un desaparecido, entrevistada fuera del templo. 

La coordinadora de CADHAC, Consuelo Morales Elizondo, afirma que las familias que han mantenido abiertamente su exigencia de que se den a conocer los resultados de las investigaciones reciben en general “un trato amable y cordial de las autoridades”, pero eso no ha servido para que se esclarezcan los casos de desapariciones.

“Lo que vemos es una política gubernamental que se niega a hacer investigaciones por los casos que pueden estar vinculados con la delincuencia organizada, pero, involucrados o no con el narco, los desaparecidos permanecen así, sin que se haga una investigación elemental para esclarecer los crímenes”, concluye.