El narco en el Congreso

Fuente: Proceso

Jesusa Cervantes y Esteban David Rodríguez

La sombra del crimen organizado planea sobre el Palacio Legislativo de San Lázaro... Los nombres de 21 representantes populares –13 del PRI, 6 del PAN y 2 del PRD– han aparecido en diversos documentos oficiales de México y Estados Unidos, unas veces como sospechosos de complicidad con la delincuencia, otras como testigos o víctimas de amenazas o ataques. Cada vez más palmaria, la realidad de la narcopolítica en el país se impone con crudeza...

MÉXICO, D.F., 12 de junio (Proceso).- En diferentes momentos, 21 diputados de la LXI Legislatura federal han sido señalados como benefactores o protectores de la delincuencia organizada o se les ha acusado de recibir financiamiento del narcotráfico. Es más: sus nombres incluso han figurado en documentos de la DEA o de la Procuraduría General de la República (PGR) vinculados con el crimen organizado.

En algunos casos los legisladores fueron involucrados, a partir de testimonios judiciales, con estructuras delictivas; fueron testigos de descargo de personas sujetas a averiguaciones; tienen familiares implicados en actividades del narcotráfico o han sido amedrentados por sicarios.

Proceso investigó los señalamientos acerca de las posibles relaciones de diputados con organizaciones criminales. Aunque fuentes judiciales ubicaron como sospechosos a cuando menos 40 legisladores federales, este semanario sólo da cuenta de los casos que logró documentar y en este extracto del reportaje principal que se publica en la edición 1754 de la revista Proceso, ya en circulación, adelantamos uno.

Alejandro Cano Ricaud, diputado priista, entró a la política en 2001 como candidato suplente de Jorge Barousse a la alcaldía de Chihuahua. En julio de 2002, menos de ocho meses después de asumir el cargo, un infarto mató a Barousse. Cano asumió entonces la presidencia municipal.

El 4 de julio de 2003 el ayuntamiento adjudicó la “concesión para la construcción y operación del rastro municipal” –concurso RM-02/03– a Corrales San Ignacio, empresa de los hermanos Arriola, investigados desde 2002 en México y Estados Unidos como líderes de una red de tráfico de cocaína y “blanqueo de capitales”. El 16 de diciembre de 2003, el estado de Colorado solicitó la detención de Óscar Arriola, presunto cabecilla de la organización. El 24 de agosto de 2004, Cano, Arriola y el entonces gobernador Patricio Martínez pusieron la primera piedra del rastro.

El 16 de septiembre siguiente, la Agencia Federal de Investigación capturó a Miguel Ángel y Luis Raúl Arriola Márquez. En abril de 2005, el regidor panista Alonso Baeza, quien investigaba presuntas irregularidades en la adjudicación del rastro, fue asesinado. El 2 de febrero de 2006 la PGR capturó a Óscar Arriola. Se dijo que mensualmente introducía 2.5 toneladas de cocaína a Estados Unidos y se le tenían asegurados bienes por más de 70 millones de dólares. En enero de 2007 Miguel Ángel Arriola fue extraditado a Estados Unidos y el pasado 4 de marzo lo siguió Óscar.

En 2009, cuando buscaba la diputación federal, un video circuló en YouTube (www.youtube.com/watch?v=4Um0Q3kesoE): en él aparecen fotos de Arriola, Patricio Martínez y Cano Ricaud cuando colocaban la primera piedra del rastro. El diputado ahora preside la Comisión Especial para la Industria Manufacturera de Exportación.