Fuente: El Universal
Sábado 16 de abril de 2011     Alberto Morales | El Universal
alberto.morales@eluniversal.com.mx 
 El presunto líder de Los Zetas y jefe de la plaza en San Fernando,  Tamaulipas, Román Ricardo Palomo Rincones El Coyote, es investigado por  la Procuraduría General de la República (PGR) por el reciente  multihomicidio de 145 personas. 
 A la pesquisa anterior se suma otra en su contra por su presunta  responsabilidad en el asesinato de los 72 migrantes que ocurrió en el  mismo estado, en agosto de 2010. 
 Las investigaciones contra El Coyote quedaron establecidas en los  acuerdos de recompensas del Ministerio Público de la Federación A/009/11  y A/038/11, emitidos por el ex procurador Arturo Chávez Chávez y por la  actual titular de la Procuraduría General de la República, Marisela  Morales Ibáñez. 
 En el primer acuerdo se acusa a Palomo Rincones, así como a Juvenal  Burciaga El Alacrán y a José Guadalupe Reyes Rivera El Sasi, por su  probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada,  privación ilegal de la libertad, violación a la Ley Federal de Armas de  Fuego, corrupción de menores y homicidio en contra de 72 personas de  origen extranjero en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, más lo  que resulte. 
 En el acuerdo A/009/11, la PGR ofrece una recompensa de ocho millones de  pesos a quien proporcione información verás y útil para identificar,  localizar y/o para la captura de Palomo Rincones El Coyote. 
 Mientras que en el segundo acuerdo, la PGR ofrece una recompensa de  hasta 45 millones de pesos a quien proporcione información que permita  la localización y detención de cuatro presuntos responsables del  multihomicidio en San Fernando, entre quienes se encuentra El Coyote. 
 Juez otorga arraigos 
 Asimismo, un juez federal concedió a la Subprocuraduría de Investigación  Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) un arraigo por 40 días  en contra de Armando César Morales Uscanga El Loco; Érick Rubén Zetina  Hernández El Guacho y Johnny Torres Andrade La Sombra, por su presunta  responsabilidad en el multihomicidio de 145 personas y por las  inhumaciones clandestinas en varias fosas localizadas en San Fernando,  Tamaulipas. 
 La Procuraduría General de la República informó que se les investiga por  su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de  delincuencia organizada, privación ilegal de la libertad, homicidio y  los ilícitos que resulten de la indagatoria. 
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